Pronunciamiento de la ONU-DH ante la audiencia de dos mujeres activistas por su participación el pasado 8M

Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria a las detenciones que no sean acorde a derecho, no sigan los procedimientos aplicables o no sean proporcionadas, razonables y necesarias pueden ser consideradas arbitrarias.

Ante la audiencia para dos mujeres activistas por su participación en la protesta en Querétaro el 8M pasado, la ONU-DH recuerda lo señalado por diversas instancias sobre uso del derecho penal y protesta social.

Y es que la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define “criminalización de la protesta social como el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal en contra de manifestantes por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte del colectivo organizador o convocante. Señalando que sus efectos son la sujeción a procesos, de faltas o penales, arbitrarios y prolongados”.


La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene el mandato general de vigilar, proteger y estimular el derecho a la libertad de expresión en América, señala: “se debe analizar si la utilización de sanciones penales encuentra justificación bajo el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la necesidad de comprobar que la penalización es necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática”.

En el informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala, “Las actividades de los defensores de los Derechos Humanos en México han sido criminalizadas mediante un uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los Derechos Humanos, añadió que la criminalización de la defensa de los Derechos Humanos tiene un efecto disuasorio para la sociedad en general: debilita los movimientos sociales y hace que la población se desista de presentar denuncias por delitos graves ante la policía. Es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus Derechos Humanos”. 


Sobre este punto hoy emitieron un comunicado con las presencias de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU-DH en Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo un llamado a los Estados de la región a proteger a las mujeres en el marco de las protestas y su participación en los movimientos feministas.

Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria a las detenciones que no sean acorde a derecho, no sigan los procedimientos aplicables o no sean proporcionadas, razonables y necesarias pueden ser consideradas arbitrarias.


Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial y ONU Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados “para que garanticen el derecho a la protesta de las mujeres defensoras. A su vez, deben de adoptar medidas especializadas para erradicar los patrones estructurales de discriminación por razones de género. Así mismo, los Estados deben velar para que, en las investigaciones de actos de violencia en contra de las mujeres defensoras, las autoridades judiciales refuercen la debida diligencia, así como la incorporación de un enfoque diferenciado de género a lo largo de la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los delitos en contra de las mujeres defensoras”, señala el comunicado.